FISCALÍA JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA: “NO ES POSIBLE GARANTIZAR QUE CÁRCELES CUMPLAN CON EXIGENCIAS PARA EVITAR EL CONTAGIO” DE CORONAVIRUS

La Fiscala  Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, emitió el informe “Situación recintos penitenciarios en pandemia Covin-19”, el que constata la imposibilidad de implementar a nivel nacional medidas efectivas de prevención necesarias para evitar el contagio de coronavirus y para el cuidado de los reos enfermos por el virus.

En el estudio,   realizado en base a la labor de los fiscales judiciales de todas las cortes de Apelaciones del país,  se establece que en la actualidad hay 42.084 internos. De ellos el 30% aproximadamente son imputados en prisión preventiva.

Si bien se constata que se han adoptado distintas medidas epidemiológicas generales y que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile han dictado diversos instructivos destinados a prevenir y controlar la epidemia de coronavirus que pueda sufrir la población recluida, “esta Fiscalía ha realizado las gestiones de que da cuenta este informe teniendo especialmente en consideración que las condiciones de hacinamiento de nuestros recintos de reclusión impiden realizar cualquier medida de resguardo o paliativa del contagio del virus en forma eficiente o que alcance los estándares requeridos para prevenir su propagación, de forma que solo damos cuenta de las condiciones en que se cumple al interior de cada recinto las instrucciones y lineamientos normativos básicos para resguardar la salud de los internos, funcionarios y personas que visitan los centros de detención; haciendo notar aquellos casos en que se requiere pronta intervención para prevenir situaciones de riesgo que resulten imposibles de controlar”, dice el informe.

La Fiscal Judicial, Lya Cabello, calificó esta situación como “una bomba de tiempo” y concluyó que es “de particular importancia la recomendación de reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos que sea seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio.